La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.
De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.
La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.
Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.
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