Red de huachicol fiscal controlaba aduanas y descargaba diesel en una hora

La FGR documenta que la organización dirigida por los hermanos Farías Laguna operó con apoyo de marinos, funcionarios y empresarios, manejando hasta 300 pipas por cada buque y extendiendo su influencia a varias aduanas marítimas de México.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) revela que la red de huachicol fiscal, conocida como Los Primos, presuntamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, tenía la capacidad de cerrar la aduana de Tampico por una hora para descargar millones de litros de diesel en cerca de 300 pipas, de acuerdo con información de Mario Rodríguez y Rubén Mosso para Milenio. Su objetivo era controlar estratégicamente todas las aduanas marítimas del país.

Durante la audiencia en el penal de El Altiplano, la FGR explicó que la estructura operó desde 2023 e integraba marinos, funcionarios, agentes aduanales y empresarios, con poder suficiente para corromper o coaccionar a personal clave en Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México. Entre marzo de 2024 y mayo de 2025, 31 buques fueron descargados bajo este esquema.

Los testimonios de colaboradores, identificados con los indicativos Santo y JHR, detallan cómo los buques reportaban supuestos aditivos para aceites y lubricantes, cuando en realidad transportaban diesel automotriz, sin que nadie cuestionara la ilegalidad por la implicación de altos mandos navales y funcionarios. Además, se documentó que los hermanos Farías Laguna proponían y avalaban la designación de personal clave en la Agencia Nacional de Aduanas, consolidando así su control sobre la estrategia delictiva.

La investigación indica que los responsables utilizaban sobornos y apoyos económicos a directores de aduanas para “levantar” puestos estratégicos, mientras las operaciones se desarrollaban con discreción y protección de altos mandos. La FGR abrió un plazo de investigación complementaria de seis meses, mientras los imputados permanecen en prisión en el Altiplano, enfrentando cargos por delincuencia organizada con fines de delitos en materia de hidrocarburos.

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