Cuando se considera que para poner un negocio sólo basta con cumplir con los permisos necesarios para abrir, se vive en la era de las cavernas del comercio.
Los permisos pueden conseguirse de manera más o menos fácil, a veces con dinero de por medio, lo cual sucede por lo menos con la mitad de los establecimientos en la Ciudad México y el resto del país.
Algo que es superior a la autorización de permisos es la opinión de los vecinos, quienes tienen la última palabra sobre la apertura de negocios. Desde luego, a partir de la legalidad, la lógica y el cuidado para la salud.
Ante está justa lógica ninguna empresa puede exigir apertura ante la inconformidad generalizada de los vecinos, como sucede con City Energy, empresa que se instaló sin ningún permiso, en la Colonia Atlántida, en la alcaldía Coyoacán, con la protección del alcalde panista Giovanni Gutiérrez, quien se ha encargado de amedrentar a los colonos con uniformados enviados para desactivar protestas.
La empresa City Energy se dedica a la carga de electricidad de vehículos, instalada en una zona donde sólo pueden abrirse casetas de vigilancia o estacionamientos. De hecho, un restaurante llamado Los Tres Caballos, concesiona su estacionamiento, con el que debe contar por ley, a esta empresa donde instaló 20 maquinas de recarga, contaminando con ruido y emisiones nocivas.
En menos de 100 metros hay tres escuelas, por lo que ese tipo de negocios no debe ocupar esa zona habitacional.
La imposición de su operación llega a violentar a los vecinos, a grado de intimidarlos con la policía, grupos de choque y empleados a los que colocó el propietario, el lunes 11 de agosto para cerrar calles y avenidas, todo para que abra las puertas una empresa ilegal. La ambición por imponer por su propia voluntad y sin un solo permiso, una empresa lo llevó cerrar Tlalpan, Av. Circunvalación, avenida Candelaria, Avenida División del Norte en detrimento de las actividades propias de esa zona de la capital.
El cierre de calles no sólo contaba con la anuencia de la alcaldía sino con la protección de sus policías a los empleados de City Energy, que llevaron hasta a sus hijos menores de edad para repartir volantes, que intimida a los colonos afectados para que ya no protesten por la instalación de su empresa.
Para fortalecer las filas de los agresores alquilaron gente, llamaron a los empleados de sus proveedores y pagaron a gente para que pareciera un grupo de ciudadanos que desean fervientemente la instalación de un lugar ruidoso y peligroso.
La empresa es de un tal Humberto Saucedo Berrocal, quien maneja los hilos de la intimidación a los vecinos hasta el extremo de exponer fotografías de vecinas inofensivas que en algún momento sacaron fotos del lugar y protestaron ante los empleados por el ruido, donde las califican de extorsionadoras y agresores de los empleados, cuando son ellos los prepotentes y agresivos, colocando mantas en las paredes de los alrededores acusando a vecinas que en ningún momento les reclamaron anda, porque quienes dan la cara son los trabajadores, que reciben órdenes y las obedecen por viles que sean las instrucciones, para poder conservar su trabajo.
En una de las muchas ocasiones que colocó los sellos PAOT, Procuraduría Ambiental, los encargados llegaron a pedir que los dejaran entrar, por lo menos a hacer la inauguración, con fuegos artificiales y música a muy alto volumen.
El atentado contra los vecinos fue un amedrentamiento fuera de toda legalidad violentador de la identidad de las personas y allanamiento en espacios públicos con golpeadores profesionales merodeando todas las casas y provocando a los vecinos.
Al día siguiente de lo que pudo ser un zafarrancho, se colocó en ese mismo lugar, una carpa de afiliación del PAN, sin que se parara nadie a unirse a un partido en agonía.
Los vecinos pueden echar abajo cualquier permiso, que en este caso no existen, pero el hambre, la voracidad y la vocación por la ilegalidad de algunos empresarios muestra que son capaces de todo, y así lo hicieron contra mujeres principalmente.

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