Javier Milei avanza en la privatización de hidroeléctricas en Argentina, vendiendo acciones de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Esta medida, que refleja su política de “motosierra”, genera preocupación por el futuro energético del país. El Gobierno autoriza la venta sin considerar el impacto en los ciudadanos.
Las concesionarias actuales pueden seguir operando, pero deben aceptar condiciones estrictas. Estas exigencias incluyen mantener contratos y pagar regalías a provincias.
Los recortes en el gasto público han desatado protestas masivas. Milei veta aumentos en las pensiones y desmantela servicios esenciales, mientras privilegia intereses privados.
La decisión de privatizar energéticas amenaza la soberanía del país sobre sus recursos. La administración Milei prioriza el lucro sobre el bienestar de la población, dejando a los argentinos en una situación precaria.
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