La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, rechazó las acusaciones de que la nueva Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión tenga fines de espionaje. Afirmó que se trata de una herramienta de justicia digital que busca cerrar la brecha tecnológica en el país, no de una medida de vigilancia.
Jiménez aseguró que la oposición pretende sembrar miedo y confusión para desacreditar el proyecto de la Cuarta Transformación, cuando en realidad los artículos más criticados —como el 182 y 183— mantienen lo aprobado por el propio bloque conservador en 2014. Estos artículos obligan a los operadores a colaborar con autoridades solo bajo orden judicial, y no autorizan ningún acceso a datos sin supervisión de un juez.
La legisladora también explicó que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente desde 2016, ya contempla la geolocalización en tiempo real con autorización judicial. “El debido proceso, los derechos humanos y los derechos digitales están garantizados en esta nueva ley”, afirmó.
Otro punto clave de la reforma es la creación de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica y de gestión. Esta institución será responsable de promover el acceso universal al internet y la equidad digital.
Además, se establece que los datos no utilizados como prueba deberán ser destruidos, y que ningún operador podrá entregar información fuera del marco legal.
Gabriela Jiménez subrayó que la iniciativa fue construida a través de mesas de trabajo, con la participación de ciudadanía, especialistas, académicos y sectores sociales, a diferencia de leyes anteriores que se aprobaron al margen de la sociedad.
“La nueva ley busca que el internet y las telecomunicaciones sirvan al pueblo, no a las élites económicas ni a intereses privados. No es censura, es soberanía digital”, concluyó.
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