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Ricardo Salinas Pliego, evasor fiscal y usurero, ha desatado una ola de desinformación sobre la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca regular el uso de chips telefónicos anónimos, ampliamente utilizados por el crimen organizado. Salinas Pliego, sin embargo, ha optado por alarmar a la población, afirmando que el gobierno quiere controlar a la sociedad.
La propuesta del gobierno exige que los ciudadanos presenten su identificación oficial y CURP para adquirir un chip telefónico. Claudia Sheinbaum ha dejado claro que el objetivo no es espiar, sino combatir el uso de chips desechables en actividades delictivas. Esta medida, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, busca frenar el uso indiscriminado de teléfonos por parte de grupos criminales.
A pesar de las explicaciones, Salinas Pliego recurrió a su plataforma favorita, X, para lanzar su retórica alarmista. Advertió que esta regulación es una amenaza a la libertad y un intento de controlar a la población. Sin embargo, resulta irónico que alguien con un historial de evasión fiscal y prácticas comerciales cuestionables se erija como defensor de los derechos ciudadanos.
El magnate ha sido criticado por mantener juicios millonarios contra el SAT y por su defensa del libre mercado extremo. Su crítica a la regulación no es un acto de defensa de las libertades, sino una preocupación por el impacto en sus negocios. Salinas Pliego se beneficia del descontrol, vendiendo líneas telefónicas anónimas que, en muchos casos, terminan en manos del crimen organizado.
Lo que omite mencionar Salinas Pliego es que el anonimato también permite fraudes telefónicos y extorsiones. Al defender su modelo de negocio, parece ignorar las implicaciones negativas que tiene para la sociedad. Su retórica libertaria se convierte en un escudo para proteger intereses empresariales cuestionables, mientras el bienestar de los ciudadanos queda en un segundo plano.
En este contexto, Salinas Pliego se posiciona como vocero del caos neoliberal, donde el mercado parece tener prioridad sobre la ley y el orden. La crítica a las medidas de seguridad no es un acto altruista, sino una defensa de su imperio comercial, que prospera en un entorno de impunidad. La sociedad debe cuestionar estas posturas y evaluar quién realmente defiende sus derechos.
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