Durante el gobierno de Libia García Muñoz Ledo (PAN), Guanajuato enfrenta una escalada sin precedentes en delitos de extorsión, con un aumento del 7,800% en denuncias entre 2018 y 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Las cifras revelan que las querellas pasaron de 13 en 2018 a 1,027 en 2024, con un total de 2,399 casos acumulados en el sexenio panista, que incluye también la gestión del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024).
La gobernadora García Muñoz Ledo atribuyó el incremento a una “promoción de la denuncia”, aunque reconoció que el delito ha provocado cierres masivos de negocios en municipios como Celaya, Salamanca e Irapuato, donde bandas criminales —vinculadas al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL)— llegaron a atacar con armas de fuego a 14 inmuebles. El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, confirmó el impacto económico: “La extorsión ahuyenta inversiones y paraliza el comercio”.
Fallida Estrategia Antiextorsión
Pese a la creación del Escuadrón Antiextorsión —que desarticuló a 25 presuntos extorsionadores en Irapuato—, la violencia persiste. De los 2,399 casos reportados, solo 207 personas han sido arrestadas, según datos oficiales. Ciudadanos y comerciantes denuncian impunidad y temor, ya que grupos criminales operan incluso sin necesidad de anonimato: “Llegan a los negocios o llaman para amenazar”, admitió la mandataria.
Mientras el PAN insiste en que “fortalece la denuncia”, la realidad es el colapso en seguridad, reflejando una estrategia fallida en estos años de gobierno, con municipios convertidos en focos rojos de violencia. Guanajuato, en el pasado motor económico, hoy enfrenta una crisis que ahonda la desconfianza en sus instituciones.
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