Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum, reveló que el predio donde se localizaron tres crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, estaba bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de Jalisco desde septiembre de 2024, lo que genera cuestionamientos sobre lo ocurrido tras su aseguramiento.
Durante la mañanera del pueblo, Sheinbaum Pardo destacó la necesidad de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de las autoridades locales en el manejo del inmueble, identificado como el rancho Izaguirre.
“Hoy, por ejemplo, nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar, que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía estatal”, señaló la mandataria.
Además, enfatizó la importancia de conocer el manejo posterior del predio: “Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía estatal en el resguardo, no porque haya algo mal, no, no. Presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo”, explicó.
Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya asumió la investigación sobre el hallazgo de los crematorios clandestinos y que será esta instancia la que determine los siguientes pasos.
“El fiscal (Alejandro Gertz Manero) lo dijo el martes que estuvo aquí, dijo ‘vamos a hacer una investigación incluso antes de la acción de atraer el caso, tenemos que hacer una investigación de qué hay en el predio’. Una vez que se tenga esa información entonces sí sacar todas las carpetas de investigación que correspondan antes de avanzar en las conclusiones”, puntualizó.
El caso tomó relevancia después de que la semana pasada el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizara los crematorios clandestinos, junto con restos óseos y más de 500 indicios, tras recibir una denuncia anónima. Dicho lugar ha sido descrito como un “campo de concentración y adiestramiento” del crimen organizado.
Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, calificó el hallazgo como “increíble”, cuestionando que las autoridades locales y estatales no tuvieran conocimiento de su existencia. Además, advirtió que el caso refleja una problemática más amplia.
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