La situación jurídica de los cuatro ex funcionarios del ex gobernador Silvano Aureoles podría llegar a una resolución en el transcurso de la próxima semana.
Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad, están implicados en operaciones irregulares, relacionadas con el arrendamiento, mantenimiento y adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado, generando un daño patrimonial que supera los 3 mil 400 millones de pesos.
Durante una audiencia celebrada este domingo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, la jueza Patricia Sánchez Nava decretó un receso para revisar las medidas cautelares que se impondrán a los imputados.
La audiencia, que inició la noche de ayer, se extendió a lo largo de varias horas, tiempo durante el cual la defensa solicitó más tiempo para analizar los documentos del caso. En un intento por retardar el proceso, Carlos Maldonado argumentó tener problemas de presión arterial, no obstante, las revisiones médicas confirmaron que su presión era normal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las operaciones irregulares que se llevaron a cabo entre 2016 y 2021 involucraron la autorización directa del ex gobernador Aureoles, resultando en procedimientos que fueron calificados como “sumamente inexplicables e irracionales”.
Estos cuarteles, ubicados en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, fueron objeto de una serie de transacciones que, según la fiscalía, ocasionaron un daño patrimonial que asciende a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Se espera que la situación de los ex colaboradores de Aureoles se resuelva a más tardar el próximo fin de semana, lo que podría marcar un punto de referencia significativo en el proceso de justicia de Michoacán.
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