El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la reforma judicial. La decisión, que forma parte de un proceso legal en curso, ha generado reacciones dentro del Poder Judicial, particularmente por parte de la magistrada Julia María del Carmen García González, quien ha salido en defensa de los jueces implicados.
En una conferencia de prensa, la magistrada expresó su respaldo a la jueza María Gabriela Ruíz Márquez y al juez Sergio Santa María Chamú, asegurando que la denuncia es una represalia por las suspensiones que emitieron contra la reforma. Sin embargo, su postura parece estar encaminada a justificar la intromisión del Poder Judicial en asuntos electorales, luego de que los jueces resolvieran frenar la implementación de la reforma judicial, un tema que va más allá de su competencia y afecta directamente el proceso de elección de jueces y magistrados.
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el juez Sergio Santa María Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, admitió un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) para evitar el “cese masivo” de jueces y magistrados que podría derivarse de la reforma judicial.
Días después, el 14 de noviembre, el juez Santamaría Chamú concedió una suspensión definitiva en favor de Jufed, con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma. En una decisión similar, la jueza María Gabriela Ruíz Márquez, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, aceptó otro juicio de amparo en contra de la reforma y ordenó detener la implementación de la elección judicial.
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