¡Declaren inconstitucional la Constitución!

Hace no muchos días, menos de los que se imaginan y más de los que importan, el ministro Javier Laynez, héroe defensor de la democracia de la clase privilegiada y el estado de derecho para unos cuantos, abrió la puerta de la esperanza para quienes esperan que nada cambie y sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su suprema superioridad que resulta —todavía—superior a los otros dos poderes dependientes de la voluntad popular, tiene la facultad declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Poco importa que, siendo afectada por dicha reforma, la corte tuviera que actuar como juez y parte para declarar su inconstitucionalidad. Mucho menos, que la corte nunca haya declarado inconstitucional una reforma constitucional. No sucedió con la reforma indígena de Fox, ni con reforma electoral que reducía el financiamiento privado de campañas políticas, ni cuando Felipe Calderón incorporó la figura del arraigo penal en la constitución, ni con reforma energética de Peña Nieto. Poco importa, siempre hay una primera vez y esta primera vez debe ser la primera vez de todas las primeras veces, la madre de las primeras veces. De lo contrario, de no declarar inconstitucional la Constitución, estaremos frente a la posible posibilidad de que a la clase privilegiada le resulte más complicado preservar esos inmerecidos privilegios de los que durante tantos años han disfrutado y en los que tanto empeño y manipulación han dedicado.

Desde luego que la presente circunstancia demanda no sólo echar para atrás, tumbar, la reforma judicial, que atenta en contra de la libertad de la clase privilegiada y sus esbirros políticos de atentar en contra de la justicia, demanda —de una vez por todas— echar para atrás la Constitución, tumbar ese documento plagado de derechos sociales que no hacen más que poner trabas a la explotación del otro como generador de riqueza. Si los cuatreros cuatroteros fueron tan lejos como para poner en tela de juicio la facultad nepotista de determinar quiénes y a favor de quien se imparte justicia, facultad que garantiza un Poder Judicial autónomo, libre de todo compromiso y responsabilidad social y que preserva la libertad de recibir incentivos para realizar su trabajo y negarse a realizarlo ahí donde no existe ningún elemento que incline la balanza para hacerlo, un Poder Judicial alineado con los poderes no constitucionales que, de facto, constituyen los poderes con los que todo poder constitucional debe estar alineado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ir más lejos y estar a la altura de las circunstantes circunstancias y defender su estatus de poder intocable, incuestionable e inmutable, para garantizar la protección de los derechos de quienes pueden pagar por tener derechos.

El espíritu de la Constitución, más allá del oropel social con el que se la adorna, radica en la defensa radical de las clases privilegiadas y su estilo de vida. Si permitimos que un gobierno la reforme, en un sentido opuesto al de asegurar la preservación de quienes durante décadas han pagado y controlado al gobierno para asegurar que nadie los moleste, por el sólo hecho de que la ciudadanía votó por él y lo respalda, estaremos abriendo —de par en par— las puertas del caos y el desorden propios de quienes no saben vivir como se les dicta que deben vivir: agachando la cabeza, sometiendo su voluntad y alienándose según las normas del decoro, el consumismo irreflexivo y una existencia dictada para el beneficio de un sistema que no los beneficia. Lo siguiente será un congreso constituyente que busque sentar las bases de una sociedad menos injusta y desigual. Cuestión que, se vea por donde se vea, aunque convenga a una inmensa mayoría, pone en riesgo todo aquello a lo que la clase aspiracionista aspira a aspirar.

Entrados en gastos

Declarar inconstitucional la Constitución debe ser el primer paso en la nueva estrategia de la opositora oposición que se opone a todo lo que implique la posibilidad de transformar las condiciones de vida de la gente a favor de la gente y no de los intereses de la interesada inversión privada. Una estrategia que termine por abolir la Constitución e imponga un código claro, estricto, clasista y retrogrado que permita a México regresar a los gloriosos tiempos de la tienda de raya, la ley de fuga, la encomienda, y tantas otras virtuosas virtudes que los gobiernos que trabajaban para que otros sacaran provecho de la explotación de los recursos naturales del país, supieron utilizar para su propio beneficio y el de sus patrones.