La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, sigue reforzando su compromiso con la transparencia y la legalidad al ofrecer un informe detallado sobre los amparos interpuestos contra la reforma judicial. Hasta el pasado 3 de octubre, se habían presentado un total de 138 demandas de amparo, de las cuales 35 fueron admitidas a trámite. Esta información ha sido difundida por la ministra en una nota oficial, reafirmando su voluntad de mantener al público informado sobre el desarrollo de los casos que buscan frenar las reformas al Poder Judicial.
De acuerdo con la ministra, de los amparos admitidos, 56 obtuvieron la suspensión provisional y 36 la suspensión de plano. Estos recursos fueron concedidos bajo el argumento de posibles violaciones al artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, en 9 casos la suspensión de plano fue denegada, y en otros 8 se rechazó la suspensión provisional. A pesar de estas cifras, los tribunales han desechado 8 amparos, lo que muestra que no todos los casos han logrado avanzar en el proceso legal.
Ante la evidente irregularidad, se declara incompetentes
Una de las cuestiones más destacadas de la nota es que más de la mitad de los jueces y juezas que recibieron estos amparos se declararon impedidos o legalmente incompetentes para conocer del tema. De los 138 amparos presentados, 70 fueron clasificados bajo esta categoría, lo que genera dudas sobre las motivaciones que impulsan a los magistrados a rehusarse a abordar estos casos. A pesar de la clara improcedencia legal establecida en el artículo 61 de la Ley de Amparo, algunos jueces parecen mostrarse dispuestos a continuar aceptando estos recursos.
Por otro lado, Lenia Batres subrayó que aún hay 25 solicitudes de amparo pendientes de resolución, una cifra considerable que podría seguir aumentando en los próximos días. A pesar de ello, el informe también mencionó que el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) no ha sido actualizado correctamente debido al paro de actividades en juzgados y tribunales, lo que complica aún más el panorama.
La ministra del pueblo, como es conocida Lenia Batres, reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial, y cuestiona la ética de aquellos jueces que permiten que estos amparos continúen avanzando. Con una postura firme, Batres busca consolidar la reforma judicial y frenar las maniobras que intentan desacreditarla y obstaculizarla mediante recursos legales irregulares.
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