El Gobierno de México perdió un arbitraje internacional que disputaba con la empresa estadounidense, Odyssey Marine Exploration, que ha pretendido realizar minería submarina en el Golfo de Baja California Sur.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) incumplió con sus obligaciones en el marco del capítulo 11, en el marco antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ante ello, el laudo arbitral ordena al Gobierno de México realizar una indemnización de por 37.1 millones de dólares a la empresa Odyssey Marine Exploration, luego de que la SEMARNAT le negara en dos ocasiones la autorización de la Manifestación de impacto Ambiental, para su proyecto de minería submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
De acuerdo con la empresa estadounidense, las autoridades mexicanas también deberá de pagar los intereses a la tasa de los bonos del Tesoro de México a un año, compuesta anualmente, desde el 12 de octubre de 2018, hasta que el laudo sea pagado en su totalidad, además del pago de los honorarios de los árbitros y los costos administrativos del CIADI.
Por su parte, Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Odyssey Marine Exploration, sostuvo que “el proyecto sigue siendo estratégicamente significativo y comercialmente viable”.
Cabe mencionar que, el Gobierno de México no autorizó dicho proyecto por los posibles daños ambientales que generaría la minería submarina en las costas de Baja California Sur, así como el peligro que corren especies marinas como las ballenas y tortugas, entre otras.
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